Una Nicaragua con Justicia y Verdad

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38. Los derechos humanos son inalienables

Los derechos humanos de las nicaragüenses y los nicaragüenses son inalienables y están refrendados en la Constitución Política de la República. Actualmente son menoscabados, anulados y violados por el régimen autoritario de la familia en el poder.

Tenemos un compromiso indeclinable con el respeto de los derechos humanos de todas las personas y lo hemos demostrado a lo largo de nuestra existencia.

Debe respetarse nuestro derecho a la vida, a la integridad, a la dignidad, a vivir con libertad, a decidir con autonomía, a poseer bienes, a no sufrir torturas, a vivir sin discriminación y marginación, a no sufrir persecución, coerción, ni represión.

Luchamos por nuestro derecho a la libertad de expresión, movilización, organización, de emprendimiento personal, creencias, ideología, filiación política, orientación sexual, identidad de género y cultura.

Luchamos para que se garantice el derecho de cada nicaragüense a opinar libremente sin temor y a participar de los procesos de toma de decisiones en la esfera pública; a cuestionar y opinar sobre todas y cada una de las políticas públicas; a disponer de información amplia y suficiente sobre la gestión de las instituciones del Estado y de la situación del país.

Seguiremos luchando para lograr que se asegure el disfrute de la totalidad de los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, económicos, ambientales, laborales, sociales y culturales de todas las personas.

Las organizaciones civiles defensoras de los Derechos Humanos deben jugar un papel fundamental en la vigilancia de la actuación de las instituciones del Estado y éste debe brindarles todas las facilidades para cumplir su labor. Ello sin menoscabo de fortalecer los mecanismos de vigilancia y protección de los derechos humanos propios del Estado.

39. Respeto y colaboración con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

 Unamos promueve y defiende el uso de los instrumentos y mecanismos internacionales de derechos humanos, en especial el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al ser vías y oportunidades de acceso a la justicia para el pleno disfrute de los derechos del pueblo nicaragüense.

La soberanía nacional no puede anteponerse como pretexto para no cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, conforme a los tratados suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua. Reconocemos el carácter vinculante de las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado de Nicaragua.

40. Justicia verdadera, sin impunidad

 Nicaragua necesita verdadera justicia, sin privilegios, ni favoritismos de ningún tipo. Unamos lucha por justicia, sin impunidad.

La lucha contra la impunidad que proponemos se fundamenta en principios inherentes a los derechos de las víctimas y de la sociedad en general, a la justicia, a saber la verdad y a la reparación de los daños causados en las víctimas y sus familias.

El pilar del futuro se asienta en una justicia efectiva y equitativa.

Luchamos por un sistema judicial fuerte y autónomo, accesible a todos y todas, con garantías presupuestarias, juezas y jueces probos, con elevada calificación y actuación independiente.

Asumimos como una necesidad y un compromiso las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua. Su aplicación es indispensable para garantizar verdad, justicia, memoria y no repetición de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua bajo la represión política gubernamental y de grupos progubernamentales. De manera particular, impulsaremos la creación de una Fiscalía Especial para investigar con rigor e independencia dichos crímenes.

En concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos, nos comprometemos a integrar en la legislación nacional, las cláusulas de competencia universal, para que los crímenes de lesa humanidad sean debidamente castigados y no vuelvan a repetirse nunca más en Nicaragua.

41. El derecho a la justicia es una obligación del Estado

 Se deberán realizar investigaciones independientes y efectivas de los crímenes políticos cometidos en los últimos años y los de lesa humanidad, por o con la complicidad de funcionarios gubernamentales.

Las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares tienen pleno derecho a participar activamente en estos procesos. Nadie más puede asumir su representación y su voz en los procesos de verdad, justicia, reparación y construcción de la memoria. Sin su participación no puede haber un auténtico proceso de solución de la grave crisis de derechos humanos, social y política que vivimos.

Impulsaremos una investigación profunda en el funcionamiento del sistema penal, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, que permitan hacer los cambios necesarios, determinar la responsabilidad de jueces y fiscales involucrados en la violación de los derechos humanos para que reciban el castigo correspondiente.

42. Disolución y refundación de la Policía

 La Policía ha sido convertida en un instrumento represivo de la dictadura para sostenerse en el poder.

Muchos de sus integrantes han estado involucrados en toda suerte de delitos y abusos contra el pueblo, crímenes políticos, persecución y detenciones arbitrarias a opositores, el asesinato de manifestantes pacíficos, violaciones, torturas y otros, por lo que ha dejado de ser una autoridad legítima. Esta Policía, antes que garantía de seguridad ciudadana, es una grave amenaza contra la democracia, la vida, las libertades y la integridad de las personas y por eso no puede seguir existiendo en su forma actual.

Aspiramos a una Policía que genere confianza en las familias nicaragüenses, profundamente respetuosa de las personas, apartidista, profesional, estrictamente apegada a la ley, con integrantes remunerados adecuadamente, depurada la corrupción de sus filas y que actúe como verdadera garantía de la seguridad de la población en el campo y la ciudad. Que nunca más esté al servicio de un Poder Ejecutivo autoritario.

Esto requiere la disolución de la actual Policía y su refundación. Un gobierno democrático deberá asumir esta tarea con carácter de prioridad.

Eso supone un proceso profundo e inmediato que implica: la destitución inmediata de los jefes y oficiales que la han convertido en instrumento de la dictadura, la depuración y sanción del personal involucrado en violaciones a los derechos humanos, el establecimiento de mecanismos efectivos de supervisión a sus actuaciones, el cese del abuso de la fuerza y de las complicidades con fuerzas de choque, paramilitares, pandilleriles o delincuenciales y el cese del espionaje político.

La organización y estructura de la nueva Policía deben ser redefinidas, igual que el sistema de formación de sus integrantes, la política de ascensos, sus normas de actuación.

La existencia de cualquier grupo armado al margen de la ley es absolutamente incompatible con la democracia y la seguridad ciudadana. Estos grupos de criminales organizados deben ser desarmados, disueltos y sus integrantes castigados conforme a la ley.

Unamos impulsará el desarme de las fuerzas paramilitares al servicio del régimen y de cualquier grupo armado al margen de la ley.

43. Derecho a saber la verdad

No puede haber justicia sin verdad.

En Unamos creemos que es esencial reparar las heridas que los conflictos militares y civiles han dejado en las familias nicaragüenses.

Creemos en la necesidad de crear una Comisión de la Verdad, independiente y otras formas de investigación del pasado de represión y violencia, que esclarezcan las violaciones de derechos humanos sucedidos desde mediados del siglo XX a la fecha. La imparcialidad y justeza de esa comisión y mecanismos podría ser asegurada por la participación de la Organización de Naciones Unidas.

El derecho inalienable a la verdad de lo ocurrido es un derecho individual de toda víctima y sus familiares, pero también es un derecho colectivo que debe quedar registrado en nuestra historia para contribuir a que estas situaciones nunca más vuelvan a ocurrir.

Desde Unamos impulsaremos que estas formas de investigación se constituyan de forma expedita, con la imparcialidad e independencia requeridas y que, además de coadyuvar las investigaciones judiciales, fortalezcan nuestro sistema democrático.

44. Memoria y restauración de las heridas sociales

Para que jamás los nicaragüenses volvamos a sufrir nuevas guerras, ni violencia política, es necesario que hagamos memoria, que tengamos en cuenta el elevado costo que hemos pagado y las causas que nos han llevado a ello. Desde una posición de solidaridad y respeto, honramos la memoria de todas las víctimas de la violencia política.

Impulsaremos la preservación de la memoria de las víctimas y la construcción de archivos históricos, con el firme propósito de contribuir a la prevención de futuras violaciones o abusos.

45. Derecho a reparación por daños causados

 Nuestro compromiso con el derecho de las víctimas de violaciones a derechos humanos a interponer recursos y a obtener reparación (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) por los daños causados por la violencia política.

46. Honestidad en la función pública

La honestidad y la transparencia son indispensables en el funcionamiento de las instituciones y son una demanda de la ciudadanía.

Actualmente las instituciones públicas están gravemente afectadas por la corrupción. Quienes tienen poder, dinero o influencias, tuercen las decisiones institucionales a su favor, en detrimento de quienes no tienen recursos, en detrimento de la mayoría del pueblo. Hay quienes usan información privilegiada de las instituciones para hacer negocios y enriquecerse ilícitamente. Por otra parte, el crimen organizado, las redes de lavado de dinero y de negocios sucios han tejido nexos y complicidades en las instituciones, corrompiéndolas y afectando su desempeño.

En Unamos tenemos cero tolerancia frente a la corrupción y creemos en el combate permanente a ese flagelo que daña a todas y todos los nicaragüenses y nos roba los recursos disponibles para el progreso.

Tenemos un firme compromiso con una función pública transparente, en todos los ámbitos y en todos los niveles, con la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad de la que disfrutan los corruptos. La mezcla de intereses de negocios y partidos con los del Estado debe terminar.

47. Comisión contra la Corrupción y la Impunidad

Acabar con la corrupción y la impunidad es una prioridad para Unamos. Impulsaremos la creación de una Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, que contribuya al esclarecimiento de actos de corrupción; al impulso de normas y disposiciones que prevengan y sancionen los actos de corrupción, liquidando la impunidad. En este esfuerzo podría participar la Organización de Naciones Unidas (ONU) que ya posee experiencia en otros países de la región centroamericana.