Por Hugo Ramón Rodríguez Flores
El pasado 19 de julio, Daniel Ortega en un acto partidario nuevamente se hizo acompañar por el actual jefe del ejército, general Julio César Avilés, para expresar que el ejército es el principal respaldo político-militar con el que cuenta la dictadura. Este régimen, que ya era ilegitimo por haberse robado las elecciones del 2011 y luego por haber impedido la participación de la oposición en la farsa electoral del 2016, quedó en absoluta ilegitimidad luego de los sucesos luctuosos del 2018 en los que murieron más de 500 ciudadanos.
El ejército, que por su fase de aparente profesionalización desde 1990 demostró tener gran incidencia sobre los tres gobiernos democráticos, la ha perdido totalmente en los últimos 13 años frente al actual régimen; amarrando su destino a la suerte política del mas desprestigiado gobernante que ha tenido Nicaragua a lo largo de su historia, y es responsabilidad del general Avilés recuperarla. El profesionalismo es lo único que inspira respeto.
No se puede soslayar que el actual jefe del ejército ha sido sancionado por la oficina de activos extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de EEUU, “por proporcionar armas a para policías y negarse a desarmar a grupos paramilitares…”, medida que sin duda está respaldada por información, algo en lo que los gringos son expertos, al grado que el propio ejército no ha podido desmentir con seriedad, ni someterse a una conferencia de prensa donde puedan aclararle a la ciudadanía, ni responder a las preguntas de periodistas independientes, a quienes más bien le rehuye.
Tras la sanción de la OFAC cuya trascendencia financiera no se debería subestimar, el general Avilés debiera ser el más preocupado porque en Nicaragua se lleven a cabo elecciones libres y transparentes el próximo año, para lo cual ya debiera estar incidiendo para que el país se encamine a una solución pacífica a la profunda crisis por la que atraviesa y que amenaza con profundizar la recesión que vive. Para lo anterior, será necesario que Ortega y la Coalición Nacional de Nicaragua se sienten a suscribir un Acuerdo de Garantías Electorales con el aval de misiones de observación de la OEA y/o la ONU, mediante el cual se lleven a cabo los cambios en el sistema electoral que aseguren que no habrá fraude; pues con los antecedentes recientes de Bolivia y República Dominicana, ha quedado claro que la comunidad internacional no tolerará otro fraude electoral en el Continente.
La responsabilidad del general Avilés radica en que por una actuación NO apegada a la Constitución Política de la República, a la que debe su cuestionada legitimidad, se podrán ver afectadas no solo las inversiones del grupo económico que tiene el ejército a través del Instituto de Previsión Social Miliar (IPSM) sino en especial, el futuro del retiro y las pensiones de los oficiales del ejército y sus familias.
Daniel Ortega ha intentado cooptar a los altos oficiales mediante prebendas, utilizando además los cargos públicos para colocar familiares de muchos altos oficiales; sin embargo, nada es más seguro que una pensión digna, antes que la volatilidad de un cargo público. Si bien, los altos oficiales que han sido beneficiados por el régimen han logrado asegurarse su futuro económico inmediato e individual, la inmensa mayoría de oficiales, clases y soldados dependen de una institución que está en entredicho frente a la inmensa mayoría del pueblo, ante el cual debe justificar un presupuesto anual cercano a los 3,000 millones de córdobas que salen de los impuestos que paga el empobrecido pueblo nicaragüense; que no merece que este ejército sólo responda a los intereses políticos de una familia y de un partido, cuando su financiamiento sale de los bolsillos de todos.
La soberanía reside en el pueblo según el Artículo 2 de nuestra Constitución, y los ciudadanos deben ejercer su voto soberano de manera cívica, en libertad, sin paramilitares, ni grupos armados por el partido de gobierno, y con una institución electoral que brinde confianza; porque es lo que le conviene a Nicaragua y es lo único que puede salvar al ejército, es por tanto una responsabilidad constitucional del jefe militar, asegurar que el los ciudadanos se expresen en paz y libertad. Ya no hay espacio para la silente complicidad que tuvo el ejército en los fraudes que se vinieron repitiendo desde el 2008.
Hoy son otros los tiempos.
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