Ley Mordaza es ilegal y no la acataremos
El día de hoy, 16 de febrero, Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, Julio Ricardo Hernández y Aura Aragón, de Unamos, han interpuesto un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, por violentar garantías, derechos y disposiciones constitucionales, incluyendo los de seguridad jurídica, garantías judiciales, derecho a ser juzgado por causa previamente establecida de forma expresa e inequívoca, privacidad y protección de datos personales, rendición de cuentas y transparencia de la información pública, así como derecho de brindar y recibir información sin censura, entre otros.
Esa ley, violenta además, los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua que forman parte de los derechos constitucionales de los nicaragüenses.
Con esa ley, la dictadura de la familia Ortega Murillo continúa su campaña de persecución, asedio, hostigamiento, amenazas y judicialización de periodistas, comunicadores, ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de su derecho de libre expresión y de libertad de prensa.
Lo que pretende el régimen es silenciar al pueblo nicaragüense, tratando de imponer una mordaza para impedir que la ciudadanía nos expresemos en resistencia frente al régimen autoritario y en demanda de nuestras libertades, de democracia y de justicia.
El objetivo de los Ortega Murillo es silenciarnos para que no denunciemos que la dictadura es responsable de crímenes de lesa humanidad, de ejercer el terror sobre los nicaragüenses, de ejecuciones extrajudiciales y de encarcelamiento y procesamiento ilegal de centenares de nicaragüenses. Pretenden impedir que denunciemos a este régimen dictatorial que está hundiendo a Nicaragua, que daña gravemente nuestra economía familiar y que nos impide desarrollarnos plenamente.
Con este recurso, de nuevo, venimos a dejar constancia de la ilegalidad de esa “Ley Mordaza”, de la violación a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La Corte Suprema de Justicia está obligada por ley, a actuar cautelando nuestros derechos, no avalando los instrumentos represivos de la dictadura.
Esta es una ley ilegal e ilegítima.
Los y las nicaragüenses no estamos obligados a acatarla y no lo haremos.
#DeQueSeVanSeVan
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